En histórico fallo, Corte Suprema le da la razón a la salud y defiende el derecho a la información y el consentimiento informado de los consumidores 


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En agosto de 2016, Educar Consumidores y la Alianza por la Salud Alimentaria de la cual hacen parte más de 30 organizaciones de la sociedad civil, lanzaron la estrategia de comunicación y sensibilización "Tómala en serio" que buscaba mostrar los efectos nocivos del consumo de bebidas azucaradas (https://www.youtube.com/watch?v=pTb-B1gR5i8 ).

A los pocos días del inicio de la divulgación de los mensajes, en flagrante violación de la normatividad nacional e internacional que protege la libertad de expresión y que obliga a brindar información clara y veraz para la protección de la salud, la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC ordenó sacar del aire el comercial. Asimismo, y en violación de la prohibición de censura, ordenó también someter a control previo cualquier tipo de información que Educar Consumidores quisiera transmitir con relación al consumo de bebidas azucaradas. De esta forma a Educar Consumidores le fue prohibido publicar en medios de comunicación tradicionales o digitales y en redes sociales, información relacionada con esta materia, sin contar con la previa autorización de la SIC.

Esta censura a manos de la SIC respondió a una queja interpuesta por la empresa Postobón, y con ella se vulneraron los derechos de los consumidores, especialmente el derecho a la salud y a la información veraz y oportuna, así como la libertad de expresión y el derecho a informar de Educar Consumidores.

Luego de una férrea defensa legal, el 5 de abril de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Colombia falló en segunda instancia a favor de una tutela interpuesta por Dejusticia y otras organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria en defensa del derecho al libre acceso a la información, en sentencia STC-4819-2017 la Corte además de tutelar el acceso a la información tuteló el consentimiento informado y el debido proceso que habían sido vulnerados por la decisión de la SIC.

La sentencia reconoce el derecho de los consumidores a "acceder a la información sobre las consecuencias positivas o negativas que pueda tener en su integridad física y mental, consumir un determinado producto". Igualmente reconoce que los consumidores "no son usuarios pasivos sino ciudadanos deliberantes, quienes, en la satisfacción de sus necesidades vitales, sociales y comerciales, [...], tienen derecho a exigir, recibir y difundir información e ideas, acerca de los riesgos a los que se haya expuesta su salud, en caso de así serlo, frente a los fabricantes, productores y distribuidores". Asimismo, destacó que "el Estado incurre en una violación de la obligación de respetar cuando se produce ocultación o tergiversación deliberadas de la información que reviste importancia fundamental para la protección de la salud".

La sentencia ordena a la Superintendencia involucrar a los consumidores como parte del proceso administrativo que decida acerca de la veracidad del comercial. La decisión marca un hito muy importante en la protección de los derechos del consumidor, no solo en Colombia sino en la región, ya que por primera vez se le reconoce a un grupo de consumidores el derecho a acceder a información relacionada con el contenido y efectos de las bebidas azucaradas.

Dentro de las organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria que participaron en la acción de tutela se encuentra la Fundación Colombiana de Obesidad, Pacientes Alto Costo, Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil-IBFAN-, Red PaPaz, Centro de Consumidores para la seguridad alimentaria y nutricional, FIAN Colombia, Fundación Anaas, Fundación Semilla Andina y el Comité de Impulso Nacional de la Agricultura Familiar en Colombia.